El presidente Enrique Peña Nieto pide perdón con humildad por su error de aceptar una lujosa casa del Grupo Higa; pero no repara los daños que causó a la figura presidencial y al erario público.

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, es investigado por la Procuraduría General de la República por el caso de las 35 empresas fantasmas con que hizo desaparecer 645 millones de pesos; pero soberbiamente utiliza la frase evangélica ¡la verdad nos hará libres!

Pero al igual que Roberto Borge Ángulo, gobernador de Quintana Roo, dieron marcha atrás a su proyecto de Tribunal de Justicia Administrativa que los libraría de persecuciones, en atención de un mandato presidencial de detener ese blindaje.

En Sonora Guillermo Padrés acumula puntos y documentos acusatorios de corrupción por parte de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien exigió a la fiscal Arely Gómez que la Procuraduría General de la República (PGR) actúe contra el exmandatario panista, quien junto con sus colaboradores cercanos protagoniza cientos de escándalos y centenares de procesos penales por actos de corrupción.

En un videomensaje difundido a través de Twitter, Facebook y WhatsApp, la mandataria estatal informa a la ciudadanía que en días pasados envió una “carta respetuosa” a la procuradora donde le solicita que actúe contra quienes defraudaron la confianza de los sonorenses.

“Los sonorenses viven la incertidumbre de no saber si habrá castigo para quienes nos defraudaron y fallaron a su confianza” dice.

Pero aquí en Sinaloa no cantamos mal las rancheras.

En la Cuenta Pública del Segundo Semestre del 2015 el gobierno del Estado de Sinaloa no comprueba un gasto de 4 mil millones de pesos, pero el Congreso del Estado aprueba la contabilidad con una débil exigencia futura de claridad.

En cambio, varios ayuntamientos y la Universidad Pedagógica Estatal (antes nacional) no reciben el mismo beneficio y quedan suspendidas sus cuentas viejas y nuevas.

Estos ejemplos, aunados a la falta de crecimiento económico y de oportunidades “crean un ambiente nacional y estatal de alta tensión social; con manifestaciones fuera del marco establecido que genere desviación de conductas y violencias emergentes en todo espacio y ámbito de socialización” nos advierte el sociólogo Sergio Ramírez.

Hay quienes tienen la esperanza de que el gobierno de Peña Nieto otorgue un pedacito de pan que satisfaga el hambre y la sed de justicia, mediante los juicios a Duarte, Borge y Padrés, cuando menos.

En el caso particular de las casas de Higa cierto es que no se espera mucho, porque, como dice la frase: “ni los burros se cargan solos”; pero se debe empezar por algo.

México lo necesita.