La guerra que se sufre en Sinaloa y que reduce la movilidad social la protagonizan los hijos menores del Cártel de Sinaloa, presamente por la ausencia de sus mayores.
Las consecuencias de los actos de la mafia chica se observan en el cierre de negocios del pequeño comercio, que, a querer o no, sostienen el nivel de empleo en la geografía local y estatal.
Es un daño que suma unos 5 mil millones de pesos y que aumentará exponencialmente si la guerra se prolonga.
Estos muchachos saben bien que deberán enfriar la plaza en un tiempo corto, porque los intereses que se manejan no pertenecen a una región tan pequeña como la nuestra. El negocio del narcotráfico es mundial y sus verdaderos dueños están en otras latitudes del orbe.
Seguramente también están conscientes de que nadie tiene más recursos que el gobierno, cuyas bayonetas los pueden poner en fuga.
Afortunadamente, para todos, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara cuando decidió que su gobierno no entrará en una guerra y tampoco en complicidades, o actos de colusión.
Incluso la presidenta aplicó un poco de oxígeno al ciudadano que sale a la calle (apretando el cuerpo, desde luego), con las medidas de vigilancia a las escuelas y universidades por parte de la guardia nacional. Igual efecto tuvo el recorrido que el General Ricardo Trevilla Trejo hizo por las calles de Culiacán, tocando puertas particulares y conversando con ciudadanos. Con ello, prácticamente estrenó su cargo de Secretario de la Defensa Nacional.
También acudió el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero bien protegido con chaleco antibalas, contrario a la camisa de vestir de los militares.
Para García Harfuch, que ya sufrió un atentado de la mafia de la ciudad de México, se comprende su precaución.
Poco a poco Sinaloa deberá recobrar su vida normal, como lo ha hecho en otras épocas más pesadas, como fueron los casos de la Operación Cóndor de los años setentas y la guerra mayor que duró del 2008 al 2012.
Estamos en plena época de producción de alimentos de exportación y queda claro que el gobierno está obligado a brindar protección a los hombres y mujeres de trabajo, como también los inversionistas deben destinar recursos a la seguridad externa y no dejar toda la responsabilidad a las autoridades.
Por lo pronto nos debe animar el espíritu por venir.