Atraco legalizado…?

La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad.

Epicteto de Frigia

¿Que hay atrás del proceso que se sigue en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Sinaloa que culmina con la demanda de desafuero del Alcalde de Culiacán Sergio Torres Félix y la orden de destitución del tesorero de su administración, Édgar Kelly García?

Nos llama la atención la premura con que se resolvió un procedimiento que favorece a un particular que está especulando con un terreno que le concesionó el Ayuntamiento para un objetivo y lo aplicó a otro para lucrar, el trascendido a los medios de comunicación antes de que se comunique a los enjuiciados y se remita al Congreso local la demanda de procedencia de juicio político para que proceda el desafuero.

Algo turbio hay bajo el agua.

Pero, vayamos por partes:

Durante la administración de Aarón Irízar López el ex futbolista profesional Jaime “Jimmy” Ruiz Dorado solicitó y obtuvo en concesión por 20 años un terreno que estaba convertido en basurero argumentando como objetivo crear ahí un campo para enseñar y entrenar futbol.

Pero la supuesta “escuelita” de futbol se convirtió en algo mas, en donde se invirtieron, al decir del concesionario, 5 millones de pesos creando un polideportivo.

Y lo que iba a ser un campo para que niños y jóvenes aprendieran y entrenaran futbol se convrtió en un polideportivo de paga.

Terminó el trienio de Irízar, llegó Héctor Melesio Cuen y se fue luego, asumiendo la alcaldía Moisés Aarón Rivas Loaiza.

Para ese entonces ya el polideportivo de “Jimmy” Ruiz era un jugoso negocio, muy lejos del objetivo para el que le fue concesionado y ante ello, los vecinos consideraron injusto que el terreno fuera explotado por un particular, protestaron y el ex futbolista abandonó las instalaciones que se fueron deteriorando.

Los vecinos demandaron entonces al Ayuntamiento el retiro de la concesión y el destino de esas instalaciones para uso público y el municipio procedió a arreglarlas para disfrute de los niños y jóvenes vecinos del sector.

En Marzo del 2012 el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Ayuntamiento acordó la anulación del contrato de comodato y emitió el resolutivo correspondiente.

Ahi comenzó la batalla legal promovida por el ex futbolista que acudió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado que preside el magistrado Jorge Antonio Camarena Ávalos, que en los primeros días de julio pasado falló en favor del demandante ordenando al Ayuntamiento pagarle, no los 5 millones ni los 10 que luego dijo haber invertido, sino una indemnización de 15 millones de pesos, que con los intereses llegan ya a 21 millones.

Cifra que se le hizo muy alta al alcalde, trató inútilmente de negociar y no habiendo salida el cabildo autorizó al tesorero para buscar conveniar con alguna institución financiera para financiar el pago de los dineros que reclama Ruiz Dorado.

Y mientras esto sucede, el TCA consideró al Alcalde y tesorero en desacato, ordena la destitución de Edgar Kelly y decide presentar solicitud de juicio político para el desafuero de Sergio Torres Félix.

Lo curioso y, además del fast track con que se operaron las últimas fases del procedimiento, aquí es donde surge la suposición de que algo turbio se mueve atrás del problema legal.

La decisión del TCA trasciende a los medios que arman el escándalo pero el fallo, hasta este miércoles, no había sido comunicado oficialmente, ni al ayuntamiento ni al Congreso del Estado.

Y este caso con el que se ataca al alcalde culiacanense no es el primero. Dias antes fue el caso de Sanalona.

De que se trata, pues?

Por un lado aquí la “justicia administrativa” opera con rapidez inusitada el procedimiento pero se mueve lenta en continuarlo con la notificación a los “sentenciados” y a la legislatura local.

Aprovechando resquicios legales que en toda Ley existen y son aprovechados por abogados malandrines, el TCA protege a un particular que desvió el objetivo de la concesión para lucrar con un bien municipal.

Y luego arma el escándalo promoviendo el desafuero el alcalde que, curiosamente es uno de la docena que aspira a la candidatura del PRI a la Gubernatura del Estado.

La apresurada decisión del TCA y su filtración a los medios ¿es parte de las campañas negras que se han desatado en los últimos días contra algunos aspirantes?

¿Que o quienes operan…?