La espada de Damocles…!

Cuando el hombre se mira mucho a sí mismo, llega a no saber cuál es su cara y cuál es su careta. Pío Baroja

Fuertemente circulan versiones en los medios nacionales sobre las investigaciones que realizan la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de Justicia de la República sobre Gobernadores y ex Gobernadores señalados como corruptos.
Uno de ellos, es el de Sinaloa, Mario López Valdez.
Según el diario Reforma, en varias ocasiones utilizado por el propio Mario López Valdez y sus asesores para desacreditar a Jesús Vizcarra Calderón y otros “enemigos” políticos, el gobernante sinaloense está en el paquete de 14 gobernadores o ex gobernadores que enfrentan acusaciones penales de la ASF por simular reintegros por 8 nil 25 millones de pesos entre 2011 y 2013, en lo que corresponde a Sinaloa.
Mas lo que se acumule.
El monto, según la investigación de Reforma acumulado por los 14 gobernantes investigados asciende a 135.6 millones de pesos.
Sin embargo, por otro lado ha trascendido que son ocho las denuncias por daño patrimonial que la ASF ha presentado contra Malova ante la PGR que tan solo en el 2014 simuló la devolución de 135 millones de pesos que no utilizó en el destino etiquetado, pero que con el mismo sistema de la simulación se fueron a otros destinos, entre ellos obras para satisfacer caprichos, mas otras desviaciones que han beneficiado a los “cuates”.
Es decir, según esas informaciones tan solo el 2014 Malova superó a los otros 13 gobernantes investigados.
En ese paquete, además de Malova se encuentran gobernantes que han sido severamente cuestionados por corrupción, como Javier Duarte, Leonel Godoy, Fausto Vallejo, Ángel Aguirre Rivero, Juan Sabines Guerrero, Graco Ramírez, Andrés Granier Melo, Gabino Cué, entre otros.
De acuerdo a lo descubierto por el diario capitalino, la intención de esas devoluciones simuladas era solventar las observaciones planteadas por el órgano fiscalizador.
Señala la información que, de acuerdo con la ASF, el mecanismo utilizado consistía en depositar el dinero en una cuenta y notificar de ello a la Auditoría, pero una vez que se daba por solventado el señalamiento los recursos eran retirados para darles otro destino.
Eso ha ocurrido en Sinaloa, en donde recursos federales etiquetados para determinados programas o dependencias eran destinados a otros rubros o destinos.
Así están los casos del magisterio y del Instituto de Pensiones del Estado por señalar algunos.
Las acciones contra los gobernadores priistas corruptos fueron anunciadas desde que asumió la Presidencia del CEN del PRI Enrique Ochoa Reza quien en su primer discurso se lanzó contra los gobernadores y funcionarios priistas corruptos.
“Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización e incluso su destitución”, expresó aquel 13 de julio en su toma de protesta.
Sin embargo, hoy la ASF va no solo contra los gobernantes y funcionarios priistas corruptos, también contra los de otros partidos, como lo estamos viendo en Sonora, como se advierte ya en Veracruz y Quintana Roo.
Y hoy aparece ya Sinaloa, que aparentemente no es un gobierno emanado del PRI porque Malova renegó de su partido y llegó bajo las banderas del PAN, PRD y MC, aunque ha gobernado como priista.
Quizá ese fue el motivo para que Malova desempolvara el decreto 768 aprobado por el Congreso en la LX legislatura, es decir en el primer trienio malovista, mediante el cual se reforma y derogan diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa, permitiendo que los Magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.
Obviamente pretendía Malova que los magistrados designados en su administración fuera inamovibles y lo protegieran de presuntas acciones punitivas.
Sin embargo, ese decreto aprobado hace poco mas de tres años no fue promulgado, quedó guardado para lo que se ofreciera mas adelante.
Recientemente, al enterarse de que se está actuando contra los corruptos, ordenó su promulgación y lo publicó en el Diario Oficial “El Estado de Sinaloa” el pasado 29 de agosto para ponerlo en vigor.
Nada mas que esto le causó un problema mas al Gobernador Malova, ya que el decreto de marras viola el párrafo Tercero del Artículo Octavo transitorio de la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción.
Por ello, la PGR ha promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra el gobierno de Sinaloa.
En un comunicado la Procuraduría General de la República informa que “el decreto 768 reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa, permitiendo que los Magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.
“Esta acción -consideró- contraviene la intención del Constituyente federal, en el sentido de que los magistrados en funciones, exclusivamente podrán continuar por el tiempo que hayan sido nombrados.
La PGR considera que el decreto 768 viola el párrafo Tercero del Artículo Octavo transitorio de la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción.
Como puede observarse, de acuerdo a estas observaciones las cosas no pintan bien para el gobernador Malova.
Lo dicho, la espada de Damocles pende sobre Sinaloa y otros Estados de Gobernadores corruptos.