TRANSICION

La Saga Villarreal.. La audiencia

Una columna no basta. Se ocupa de varias entregas para poder intentar entender lo que sucedió ayer durante la audiencia celebrada por la juez Sara Bruna en el proceso que se le sigue a tres ex funcionarios Malovistas acusados de haber desviado 263 millones de pesos de recurso público.

Una cosa sí quedó muy clara. Pocos temas o casos como el sucedido ayer, han acaparado tanto el interés y la atención de los sinaloenses por saber que iba a pasar. ¿Cerrarían el proceso o lo continuarían? Ese era el dilema que generaba expectativas encontradas.

La pelota una vez más, estaba en la cancha de la juez Sara Bruna. Ella es quien tomaría la decisión.

Desde el viernes pasado cuando la juez Sara Bruna se negó a validar por primera vez un acuerdo al cual habían llegado la parte ofendida, en este caso el Gobierno del Estado y los imputados, de fijar una sanción o multa económica de 2 millones de pesos por haber desviado de una cuenta a otra recursos públicos, los ojos de medios de comunicación local y nacional, así como de muchos sinaloenses, se centraron en lo que sucedió ayer en el juzgado donde se llevó a cabo una audiencia más del proceso penal que se le sigue a los ex funcionarios Malovistas.

Las opiniones de la mayoría de los sinaloenses festinaron la primera decisión de la juez Sara Bruna de negarse a aceptar y validar el acuerdo para poner fin al proceso penal. La juez se convirtió de la noche a la mañana en un ícono del combate a la corrupción.

Organismos empresariales, diputados del Congreso Local, organizaciones civiles en pro de la transparencia y el combate a la corrupción, entre otros muchos más, se pronunciaron porque se castigue la corrupción del pasado. O sea, la denunciada ocurrida durante la administración Malovista.

Las redes sociales se desquiciaron ponderando la actuación de la juez y criticando la postura del gobierno estatal.

Algunos colegios de abogados, defendieron el espíritu de la ley y solicitaron que la juez emitiera su falló en función de lo que dicta el marco legal y no en criterios de moralidad personal.

En fin, con este escenario que mantuvo este tema como viral en las redes sociales durante las primeras horas de ayer, se llegó a la hora fijada para la audiencia penal. Las 13 horas.

Las apuestas empezaron a cruzarse. ¿Iba a aceptar la juez Sara Bruna el acuerdo entre las partes en conflicto, o bien lo volvería a rechazar?.

La respuesta ya se tiene. Negó la suspensión del proceso penal y por lo tanto se negó a validar el acuerdo de pagar 2 millones de pesos, no como reparación de daño, sino por sanción por haber movido dinero de una cuenta a otra.

En pocas palabras, por un mal manejo administrativo del recurso público.

Pero vayamos por partes.

1.-Una de las primeras señales que empezaron a alentar aun más la rumorología sobre el posible desenlace, se dio cuando se conoció que en el registro del Poder Judicial se decía que la juez Sara Bruna sería la encargada de celebrar dicha audiencia.

2.-Las rutas estaban muy marcadas. Oh la juez se sostenía en su primera postura de rechazar el acuerdo, o bien, ante la insistencia de las partes en conflicto de celebrar dicho acuerdo, lo aceptaba. Y es que está en la ley aprobada por el congreso, acogerse y suscribirse este tipo de acuerdos para suspender el proceso.

Eso sí, ya había quedado clara su postura de considerar dicho acuerdo de inmoral –ojo no ilegal- que la blindaba a ella en lo personal y al Poder Judicial en lo general del costo político y social que representa validar este acuerdo en un caso de posible corrupción. Las apuestas se movían.

3.-Un segundo ingrediente que alimentó la rumorología, fue cuando se conoció que la defensa llegaría a la audiencia con la misma postura llevada el pasado viernes, o sea presentar de nuevo el acuerdo el cual era aceptado otra vez por el representante de la parte ofendida y los imputados.

Además, se supo que los abogados no llevaban los documentos que exigió la juez en la primera audiencia. Ahí las apuestas se movieron.

La juez no aceptaría o no podría aceptar el acuerdo, sin que se cumplieran los requisitos que ella misma exigió en la primera audiencia. Su razón para volver a negar la suspensión ya la tenía en sus manos la juez.

4.-Así inició una audiencia que tuvo una cobertura mediática desde horas antes, como pocos procesos penales lo han tenido. Los sinaloenses estaban a la expectativa.

5.-El ex secretario de Administración y Finanzas Armando Villarreal, hizo uso de la voz para dirigirse ante la juez a quien le dijo que así mirándola a los ojos, le aseguraba que ni él, ni ninguno de los acusados, se había llevado ese dinero a su casa y sí se empleó en el pago de nómina y aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado.

6.-Acto seguido, el agarre empezó y con ello llegaron las posturas y mensajes de ambas partes que en posteriores columnas valdrá la pena analizar. El abogado defensor Jesús Ernesto López Benítez, le dijo a la juez que cumplían con los requisitos que marca la ley para presentar el acuerdo que permitiera suspender el proceso.

7.-La juez se sostuvo en su postura inicial y dijo que uno de los delitos por el que se les acusaba supera la media aritmética de 5 años de prisión porque estaba agravado, por lo que no procedía la suspensión.

Otro de los abogados de la defensa de nombre Rafael Trejo, le señaló a la juez que de acuerdo al código penal, el establecer penas para los delitos, es una competencia de un juez de enjuiciamiento y ella era una juez de control penal por lo que se extralimitaba en sus facultades.

La juez insistió en que el auto de formal prisión dictado en contra de los imputados, es por delito agravado y por lo tanto supera la media aritmética de 5 años y por lo que no procedía la suspensión.

8.- Pero lo bueno del debate en el juicio se dio, e incluso los ánimos se caldearon, cuando la Juez, empezó a señalar responsabilidades que a su juicio la ASE no cumplió.

Señaló que este es un caso atípico porque la Auditoria Superior del Estado detectó un desvío por 293 mdp, demandó a los presuntos responsables, pero dejó su auditoria a medias y no la concluyó. En pocas palabras, a juicio de la juez, la ASE debió concluir la auditoría hasta establecer en dónde quedó ese dinero y no lo hizo.

9.-Pero como la juez ya estaba repartiendo responsabilidades que a su juicio no cumplieron otras autoridades, dijo que la Fiscalía también pudo investigar cuál fue el destino que se le dio al dinero desviado y tampoco lo hizo.

De seguir la ruta del dinero se sabría si este quedó en las cuentas del mismo Gobierno y además permitiría conocer en qué se gastó o si se lo apropiaron los ex funcionarios. Si esto llegará a ser así, entonces sería peculado, pero se evitó llegar a eso, dijo la juez.

10.-Ante este nuevo señalamiento de responsabilidad hacia la Fiscalía, el Ministerio Público dijo que el dinero fue para pagar sueldos y aguinaldo de trabajadores del estado.

De nueva cuenta la Juez lo atoró y le lanzó la siguiente pregunta. ¿Lo dice porque así se lo dijeron o porque tiene soporte documental?

El MP respondió que había un peritaje contable que establecía el destino del dinero y que efectivamente se comprueba que el dinero se usó para pago de salarios y aguinaldos a los trabajadores.

11.-Aun así la juez respondió de nuevo. “Estos casos me dan de qué pensar, cuál es la verdad histórica”, expresó.

“Esta cantidad (2 millones de pesos) es menos del 1 por ciento que se aplicó, no sabemos en dónde, porque no se estableció la ruta del dinero”, indicó la Juez.

12.- Pero el debate no paraba ahí. La Juez de nuevo insistió y recordó al MP y abogados defensores que en la audiencia anterior, pidió que llevaran por escrito las autorizaciones de quienes habían hecho el acuerdo de aceptar dos millones de pesos. ¿Los traen?  Preguntó de nuevo.

El Ministerio Público respondió que no los llevaban, porque el Código Penal no establece que sea necesaria la autorización por escrito para una suspensión.

La Juez volvió a encarar al Ministerio Público y le dijo que pedía tales documentos más por una formalidad que por cubrir una legalidad, -otra vez ojo- ya que por ser un caso de interés público en el que el agraviado indirecto es la sociedad se debe saber quiénes hicieron el acuerdo.

13.-Al final la discusión cesó y llegó el momento de emitir el fallo. La juez de nuevo volvió a rechazar el acuerdo y negar la suspensión del proceso penal.

Así, si se pensó que ayer se podría cerrar el proceso legal que se sigue a tres ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas, entre ellos Armando Villarreal, no fue así.

La juez Sara Bruna de nuevo se negó a validar el acuerdo y el proceso legal continuará.

14.-¿Qué es lo que sigue?. Bueno, en este caso los ofendidos o agraviados por la decisión de la Juez, o sea los imputados, podrán apelar su decisión, o en su defecto, buscar alguna de las otras dos rutas legales que contempla la ley, como es celebrar un juicio abreviado o bien, irse al juicio oral.

Eso está por definirse, pero de que el proceso penal sigue vigente, sigue vigente. Otra vez, la juez Sara Bruna dio la nota al negarse a validar el acuerdo signado entre las partes en conflicto.

En pocas palabras, aún no cayó el último out. Hay juego para rato.

Mañana el siguiente capítulo de la Saga Villarreal. El juego apenas empieza.

Habrá que estar pendientes.