LOS PUNTOS SOBRE LAS IES Semanario No.- 1594

Solo para peces chicos…?

¿Qué sería de la vida, si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo?
                                  Vincent Van Gogh

El Congreso local aprobó este martes la iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la que se reforman 14 artículos de la Constitución General de la República que da paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

La votación unánime de los legisladores locales no es sino mero trámite para dar continuidad al proceso de reforma constitucional federal que requiere de la aprobación de por lo menos 17 Congresos locales para que pueda ser promulgada por el Presidente de la República.

Aunque no es rebatible en los Congresos locales al ser sometida la iniciativa al pleno, si da lugar a que los representantes de las fracciones partidistas expresen sus posicionamientos, como sucedió el martes.

Como era de esperarse hubo por un lado solo elogios y por otro reconocimiento y señalamientos sobre la falta de cobertura para la aplicación de la ley pues quedan fuera de su alcance los funcionarios públicos de primer nivel, incluidos los legisladores.

Pero, vayamos por partes: con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción nacerá la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y se otorgarán mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación.

La citada ley establece como ineludible la declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos, dispone la práctica de juicio político contra quienes incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio del interés general y drásticas sanciones penales contra el enriquecimiento de servidores públicos, durante el ejercicio de sus funciones.

Hasta ahí, todo muy bien, pero artículos constitucionales que contemplan el fuero a favor de funcionarios públicos no fueron tocados por los legisladores federales lo que es considerado como una de las inconsistencias de esta legislación.

Eso si, actuará no solo contra los trabajadores del gobierno que incurran en actos de corrupción sino también en contra de particulares que participen en actos de corrupción con recursos públicos.

Según se ha dicho -porque como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho- al entrar en vigor la Ley General de Transparencia ninguna persona física, moral, partido político, sindicato, fideicomiso o fondo que maneje recursos públicos, o cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos en cualquiera de los tres niveles de gobierno, quedarán excluidos de informar a quien lo solicite sobre esos recursos u otros datos de interés ciudadano de que disponga.

Hasta ahí, pinta bien. El problema, insisto, es que queda intocable el llamado fuero constitucional, que es ni más ni menos que un manto de impunidad para la protección de los políticos de alto nivel como el Presidente de la República y los diputados federales y senadores, que aprobaron las reformas que darán vida a esta nueva dependencia creada para combatir la corrupción.

Y bien, como señalábamos líneas arriba en la Cámara local se dieron los posicionamientos de las fracciones políticas:

El Diputado priista Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la JuCoPo, señaló que “con la aprobación de esta reforma se da respuesta a la sentida necesidad de la sociedad sobre el combate a la corrupción, reforma que combate posibles prácticas corruptivas en el ámbito político y privado, que genera indignación en la sociedad, por lo que esta reforma constitucional, perfecciona el marco jurídico vigente para prevenir y combatir posibles prácticas irregulares tanto en la política como en los negocios”.

La Diputada perredista Imelda Castro Castro, expresó que “es una reforma constitucional que significa medidas necesarias, pero insuficientes, tiene por lo menos cinco o seis puntos débiles, deficiencias en donde no se toca la corrupción de los grandes, sólo la corrupción de los chiquitos y ello va a implicar un avance, pero no que México cambie de fondo”.

La Diputada del PAN Laura Galván Uzeta, se dijo complacida con la aprobación de esta reforma, toda vez que “si bien no abate la corrupción, sí la frena en gran medida; que lo siguiente es la aplicación de la norma y un basta a la impunidad”.

Por su parte,, el Diputado del PAS Héctor Melesio Cuén, expresó su beneplácito por la aprobación de esta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Anticorrupción, pero también señaló que es insuficiente, por lo que se tiene que continuar trabajando para recuperar la credibilidad de la gente en los políticos.

O sea: PRI y PAN aplauden complacidos mientras PRD y PAS reconocen pero señalan que son insuficientes.

Y si, no deja de ser un avance, pero solo va sobre los peces chicos y deja libres a los grandes.

Lo bueno es que ahora partidos políticos y sindicatos, entre otros tendrán que rendir cuentas claras.

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